Foro de Opiniones
Lunes, 26 de Mayo de 2014 07:51

EL CONGRESO NACIONAL

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el artículo 184 de la Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero de 2010 creó un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que en ejercicio de las atribuciones que le asigna la Constitución, el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia TC/0168/13 de fecha 23 de septiembre de 2013, mediante la cual este tribunal interpretó la normativa vigente en los diferentes textos constitucionales desde el 29 de junio de 1929 hasta la reforma constitucional del 26 de enero de 2010;

CONSIDERANDO TERCERO: Que el Tribunal Constitucional se refirió en una parte de la referida sentencia a lo que calificó como “las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil”, señalando que dichas imprevisiones “se remontan a la época inmediatamente posterior a la proclamación de la Constitución del veinte (20) de junio de mil novecientos veintinueve (1929)”, con lo que el Tribunal Constitucional puso de manifiesto una deficiencia del Estado dominicano que perduró en el tiempo y se extendió en todo el territorio nacional, lo que causó que un determinado número de personas nacidas en territorio dominicano recibiera del propio Estado dominicano la documentación que hizo presumir que se trataba de nacionales dominicanos, en base a lo cual desarrollaron su vida civil con certezas y expectativas concretas en función de esa condición;

CONSIDERANDO CUARTO: Que tal como se señaló en el Considerando primero, las decisiones del Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete último de la Constitución, constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado, pero dicho mandato constitucional no excluye que los órganos políticos constituidos como expresión del principio democrático y de la voluntad popular den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional;

CONSIDERANDO QUINTO: Que al señalar y criticar en la referida sentencia las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del Registro Civil, el Tribunal Constitucional ha determinado que el propio Estado dominicano ha sido responsable de irregularidades y deficiencias en esta materia, lo que ha sido una causa importante de la situación que enfrentan las personas que recibieron del Estado dominicano la referida documentación;

CONSIDERANDO SEXTO: Que, entre otras medidas, el Tribunal Constitucional dispuso mediante dicha sentencia que la Junta Central Electoral realizará una auditoría en los libros de Registro Civil  que abarque el período antes indicado a fin de determinar cuáles personas fueron irregularmente inscritas en dichos libros, auditoría que está siendo realizada por dicho órgano estatal, por lo que se trata de personas que resultaran debidamente identificadas por dicha auditoría;

CONSIDERANDO SÉPTIMO: Que los órganos de representación política democrática tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas de la sociedad en base al interés nacional y guiados por los valores que hemos enarbolado desde la fundación misma de la nación y que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna;

CONSIDERANDO OCTAVO: Que guiado por estos principios, el Estado dominicano, a través de sus órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan las personas que, si bien irregularmente inscritas en el Registro Civil por el propio Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible en nuestra sociedad;

CONSIDERANDO NOVENO: Que la solución plasmada en la parte dispositiva de esta ley, en cuanto a regularizar actas del estado civil, no implica una negación ni un cuestionamiento a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a una parte de las normas relativas a la nacionalidad, sino más bien una respuesta a una problemática que se genera a partir de la misma y que resulta de interés nacional resolver;

CONSIDERANDO DÉCIMO: Que es de alto interés y prioridad para el Estado dominicano la adopción urgente de medidas que posibiliten el derecho a la igualdad, al desarrollo de la personalidad, a la nacionalidad, a la salud, a la familia, al libre tránsito, al trabajo y a la educación, entre otros, de una población de la República Dominicana integrada por: a) los descendientes de padres extranjeros en condición migratoria irregular cuyos registros de nacimiento fueron asentados por el propio Estado a través de los Oficiales del Estado Civil, y b) extranjeros nacidos en el territorio nacional y que no figuran inscritos en el Registro Civil;

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 26 de enero del año 2010, publicada en la Gaceta Oficial No. 10561;

VISTA: La Ley Número 1227 del 4 de diciembre de 1929, publicada en la Gaceta Oficial No. 4160;

VISTA: La Ley 165 del 4 de agosto de 1931 que validó todos los actos instrumentados irregularmente por el ex-oficial del Estado Civil de la común de Santiago Señor Adriano Bordas, en el libro Registro de Nacimientos y comprendidos entre los días 27 de marzo y 5 de diciembre de 1927;

VISTA: La Ley Sobre Actos del Estado Civil No. 659 del 17 de julio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial No. 6114 y sus modificaciones;

VISTA: La Ley sobre naturalización No. 1683 del 21 de abril de 1948, publicada en la Gaceta Oficial No. 6782;

VISTA: La Ley sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13, publicada en la Gaceta Oficial No. 10722, del 8 de agosto de 2013;

VISTO: El Decreto 327-13, de fecha 29 de noviembre del 2013, mediante el cual se establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana;

VISTO: El informe de la Junta Central Electoral sobre el levantamiento del Registro Civil Dominicano de fecha 7 de noviembre del año 2013.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY QUE ESTABLECE UN REGIMEN ESPECIAL PARA PERSONAS NACIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL INSCRITAS IRREGULARMENTE EN EL REGISTRO CIVIL DOMINICANO Y SOBRE NATURALIZACIÓN

CAPÍTULO I.- DEL REGIMEN ESPECIAL

Articulo 1.Objeto.- Esta ley tiene por objeto exclusivo establecer:a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la Republica Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.

Articulo 2.Regularización.- La Junta Central Electoral procederá a regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil, libre de todo tramite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a) del articulo anterior.Subsanada la referida irregularidad en virtud de esta Ley, la Junta Central Electoral los acreditará como nacionales dominicanos.

Articulo 3. Excepción.- Quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos anteriores los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad, o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario.

Articulo 4. Cédula de Identidad.- La Junta Central Electoral dispondrá que las personas beneficiarias de este régimen especial, a las que en el pasado se les haya expedido cedulas de identidad y electoral sean dotadas del mismo documento con su numeración anterior, y a los que no hayan tenido este documento, se les otorgará.

Articulo 5. Homologación.- El Estado Dominicano reconoce, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de su titular, a la vez que reconoce y dispone que sean oponibles a terceros todos los actos realizados por los beneficiarios de la presente ley con los documentos que utilizaron bajo presunción de legalidad.

CAPÍTULO II.- DEL REGISTRO HIJOS DE EXTRANJEROS NACIDOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA

Articulo 6. Registro.-Toda persona hija de padres extranjeros en situación migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure inscrito en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para extranjeros contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el reglamento de esta ley.

Párrafo I.- Para beneficiarse del registro de extranjeros contemplado en este artículo, deberá formularse ante el Ministerio de Interior y Policía una solicitud de registro en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la entrada en vigencia del reglamento de aplicación de la presente ley.

Párrafo II.- Al formularse la solicitud de registro, el Ministerio de Interior y Policía tendrá un plazo de treinta (30) días, para tramitarla con su no objeción, por ante la Junta Central Electoral.

Artículo 7. De la regularización.-A partir de la inscripción en el libro de extranjería, la persona tendrá un plazo de sesenta (60) días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13 que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

CAPÍTULO III.- DE LA NATURALIZACIÓN

Artículo 8. Naturalización.- Los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedes penales.

CAPÍTULO IV.- SANCIONES

Artículo 9. Falsedades.-La falsedad en que incurra una persona al realizar una solicitud de registro de extranjero, en nombre propio o en su condición de padre, ascendiente, colateral privilegiado o tutor, o en el procedimiento de naturalización especial, será castigada con pena de reclusión de dos (2) a cinco (5) años y multas de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos.

Artículo 10. Persecución penal a Oficiales del Estado Civil.- La Junta Central Electoral deberá remitir al Ministerio Público, en un plazo no mayor de tres (3) meses, copia certificada de la documentación levantada con motivo de los procesos de inspección del registro civil, en las que se constatan falsedades en escritura pública o cualquier otra infracción penal incurrida por Oficiales del Estado Civil con motivo de la instrumentación de los registros, a los fines del sometimiento por ante los tribunales penales de la República.

CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 11. Vigencia.-Lo establecido en los Capítulos II y III de esta Leyestará vigente mientras dure la ejecución el Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular.

Artículo 12. Reglamentación.- El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de aplicación de lo dispuesto en los Capítulos II y III de esta ley en un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de la fecha de su promulgación, reglamento que entre otras disposiciones contendrá los medios a través de los cuales se acreditara el hecho del nacimiento así como las adecuaciones pertinentes al Plan Nacional de Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular para estas personas.

Artículo 13.  Gratuidad.- Lo dispuesto en la presente Ley no generará tasa o costo alguno a cargo de los beneficiarios.

Jueves, 13 de Junio de 2013 07:59

Número: 631-11

CONSIDERANDO: Que el artículo 128, numeral 1, literal b) de la Constitución de la República Dominicana establece que corresponde al Presidente de la República expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de diversos acuerdos internacionales que le reconocen la facultad soberana de sus poderes públicos para la determinación de las reglas sobre la condición de los Extranjeros, su entrada, permanencia y salida del territorio nacional.

CONSIDERANDO: Que la Ley General de Migración No. 285-04, en varios de sus artículos deja a un reglamento posterior aspectos concretos para su implementación, con el fin de garantizar la efectiva aplicación de los principios de la ley, disponiendo, en el artículo 153, que corresponde al Poder Ejecutivo dictar el Reglamento de Aplicación de la misma.

CONSIDERANDO: Que el Párrafo del artículo 153 de la Ley General de Migración establece que el Reglamento de aplicación de la misma está a cargo de una comisión formada por el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración.

VISTA: La Ley General de Migración, No. 285-04, del 15 de agosto del 2004, Gaceta Oficial No. 10291, de 27 de agosto del 2004.

VISTO: Los artículos 18, 19, 20, 25 y 128, numeral 1, literales b), k) y l) de la Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial No. 10561.

VISTA: Ley Sobre Actos del Estado Civil No. 659, del 17 de julio de 1944, publicada en la Gaceta Oficial No. 6114.

VISTA: La Ley sobre Naturalización No. 1683, del 21 de abril de 1948, publicada en la Gaceta Oficial No. 6782.

VISTA: La Ley sobre Policía de Puertos y Costas, No. 3003, del 12 de julio de 1951, publicada la Gaceta Oficial No. 7311.

VISTO: El artículo 1 de la Ley Sobre Cédula de Identidad No. 6125, del 7 de diciembre de 1962, publicada en la Gaceta Oficial No. 8726.

VISTA: La Ley No. 199, Sobre Uso de Tarjetas de Turismo, del 9 de mayo del 1966, publicada en la Gaceta Oficial No. 8984.

VISTA: La Ley No. 875, sobre Visados, del 21 de julio del año 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9487. 2

VISTA. Ley sobre Fomento de Zonas Francas No. 8-90, del 15 de enero de 1990, publicada en la Gaceta Oficial No. 9775.

VISTA: El Código de Trabajo de la República Dominicana (Ley No. 16-92), promulgado el 29 de mayo de 1992, publicado en la Gaceta Oficial No. 9836, y sus modificaciones.

VISTA: Ley sobre Inversión Extranjera No. 16-95, del 20 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial No. 9915.

VISTA: La Ley Electoral No. 275 del 21 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta Oficial No. 9970.

VISTA: La Ley General de Salud No. 42-01, del 8 de marzo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial No. 10075.

VISTO: Ley General sobre la Discapacidad No. 42-00, del 29 de junio del año 2000, publicada en la Gaceta Oficial No. 10049.

VISTAS: Las disposiciones de la Ley que crea el Centro Dominicano de Promoción de Inversiones de la República Dominicana (C.E.I.-R.D.), No. 98-03, del 17 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10225.

VISTOS: Los artículos 204 y 205 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, creado mediante la Ley No. 136-03, del 7 de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10234.

VISTO: El artículo 2 de la Ley de Libre Acceso a la información Pública No. 200-04, del 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 10290.

VISTO: El artículo 37, párrafo III, de la Ley No. 288-05, que regula las Sociedades de Intermediación Crediticia y de Protección al Titular de la Información, del 28 de agosto de 2005, publicada en la Gaceta Oficial No. 10332.

VISTO: El artículo 5 de la Ley de Salud Mental No. 12-06, de fecha 3 de febrero del año 2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 10355.

VISTA: La Ley de Aviación Civil No. 491-06, del 28 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial No. 10399.

VISTA: La Ley sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera No. 171-07, del 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 10425.

VISTO: El Decreto No. 691-07, sobre dispensa de visados, del 18 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial No. 10450. 3

VISTA: La Convención de Derecho Internacional Privado, que aprueba el Código de Derecho Internacional Privado, aprobada mediante Resolución No. 1055, del 27 de noviembre de 1928, publicada en la Gaceta Oficial No. 4042.

VISTA: La Ley No. 199, del 16 de diciembre de 1939, Gaceta Oficial No. 5395, que aprueba el Modus Operandi entre la República Dominicana y la República de Haití.

VISTA: La Convención para facilitar el tráfico marítimo internacional, ratificada por la República Dominicana mediante Resolución No. 255, del 17 de junio de 1966, publicada en la Gaceta Oficial No. 8990.

VISTA: La Convención sobre la Condición de los Extranjeros, suscrita en la VI Conferencia Internacional de La Habana (Cuba), aprobada mediante Resolución No. 413, del 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial No. 4525.

VISTA: La Ley 137-03, sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, del 3 de agosto de 2003, Gaceta Oficial 10233, del 8 de octubre de 2003.

VISTO: El Convenio de Asilo Político, suscrito en Montevideo (Uruguay) del año 1933, ratificado mediante Resolución No.775, del 26 de octubre del 1934, publicado en la Gaceta Oficial No.4733, denunciado el 23 de septiembre de 1954, publicado en la Gaceta Oficial No.7750, y vuelto a reincorporar mediante Resolución No. 5636, del 26 de septiembre de 1961, publicado en la Gaceta Oficial No.8607.

VISTA: La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada mediante Resolución No. 694, del 8 de noviembre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 9454.

VISTOS: El Decreto No.1569, del 15 de noviembre de 1983, publicado en la Gaceta Oficial No.9625, que crea e integra la Comisión Nacional para los Refugiados y el Reglamento sobre la Comisión Nacional para los Refugiados No. 2330, del 10 de septiembre de 1984, publicado en la Gaceta Oficial No.964.

VISTO: El Protocolo de Entendimiento sobre los mecanismos de repatriación entre los gobiernos de la República Dominicana y la República de Haití, suscrito el 2 de diciembre del 1999.

VISTA: La Declaración sobre las Condiciones de Contratación de sus nacionales entre los gobiernos de la República Dominicana y la República de Haití, suscrita el 23 de febrero de 2000.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente 4

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN

No. 285-04, DEL 15 DE AGOSTO DE 2004

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO DEL REGLAMENTO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

SECCIÓN I

Del Objeto de este Reglamento

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo fundamental, garantizar la operatividad y adecuada implementación, por parte de las instituciones involucradas, de Ley General de Migración de la República Dominicana, No. 285-04, y no se podrá interpretar en ningún sentido contrario a las disposiciones de la referida Ley.

SECCIÓN II

Ámbito de aplicación

ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento ha sido dictado para la aplicación efectiva de la Ley General de Migración de la República Dominicana, No. 285-04, del 15 de agosto de 2004. El mismo se denominará Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración y sus disposiciones regirán en toda la República Dominicana, las cuales se declaran de orden público y de alto interés social.

PÁRRAFO I.- Las resoluciones sobre políticas de migración que sean dictadas por el Consejo Nacional de Migración, en virtud del artículo 10 de la Ley, serán vinculantes a los organismos gubernamentales responsables de aplicarlas y ejecutarlas.

PÁRRAFO II.- Las condiciones de entrada, permanencia y salida de los Extranjeros en el territorio nacional, así como las de salida y retorno de nacionales desde o hacia el territorio nacional se encuentran establecidas en la Ley General de Migración y en el presente Reglamento de Aplicación. 5

SECCIÓN III

Definiciones

ARTÍCULO 3.- Para los fines de la Ley General de Migración y de este Reglamento de Aplicación y sus interpretaciones literales, no existen distinciones de género. En vista de ello, cuando se utilice un término en masculino o femenino, el género resultará indistinto e indiferenciado en su aplicación e interpretación. En modo alguno puede ser interpretado de manera excluyente o discriminatoria.

Para los fines de la Ley General de Migración y este Reglamento se entiende por:

Actividades no laborales transfronterizas: Toda actividad de negocio o de intercambio comercial que se produce entre personas o empresas de la República Dominicana y la República de Haití a través de su frontera común en los puestos autorizados para estas actividades, en cumplimiento de las disposiciones legales existentes previstas en el artículo 60 de la Ley General de Migración.

Aeródromo: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal d) de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es un área definida de tierra o agua, que comprende todas las instalaciones, edificaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.

Aeropuerto: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal i) de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es todo aeródromo de uso público designado por el Poder Ejecutivo como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduana, migración, salud pública, reglamentación veterinaria y zoosanitaria y otros requerimientos.

Apostillado: Certificación documentaria expedida por autoridad pública competente, que autentica firma, calidad de signatario y sello o timbre del documento que lleve, de acuerdo con las disposiciones del Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, del 5 de octubre del año 1961, ratificada mediante Resolución No. 441-08, del 10 de septiembre del 2008.

Buque dedicado a crucero: En consonancia con lo dispuesto por la Convención para facilitar el tráfico marítimo internacional, ratificada por la República Dominicana mediante Resolución No. 255, del 17 de junio de 1966, publicada en la Gaceta Oficial No. 8990, es todo buque que efectúa un viaje internacional, cuyos pasajeros alojados a bordo participan en un programa de grupo, que tiene previstas escalas turísticas temporales en uno a más puertos diferentes y que durante el viaje, normalmente no embarcan ni desembarcan ningún otro pasajero, carga ni descarga ningún tipo de carga. 6

Carné: Documento expedido por la D.G.M., en forma de tarjeta, que contiene los datos de identidad de extranjeros en la República Dominicana en las modalidades previstas en la Ley y este Reglamento en las categorías de Residente Permanente, Residente Temporal, Trabajador Temporero o de Estudiante.

C.E.I.-R.D.: Son las siglas que designan el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, cuyo estatuto se encuentra establecido en la Ley No. 98-03, del 17 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10225.

C.N.Z.F.E.: Son las siglas que designan en Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley sobre el Fomento de las Zonas Francas No. 8-90, del 15 de enero de 1990, publicada en la Gaceta Oficial No. 9775.

Conviviente: Compañero consensual que legalmente pueda probar su estado de convivencia con un Extranjero para seguir la situación migratoria de éste. La convivencia considerada para los fines del presente Reglamento debe reunir las siguientes condiciones: Convivencia More Uxorio entre convivientes; ausencia de formalidad legal en la unión; comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad entre ellos; que la unión sea monogámica; integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí; y que exista prueba debida de que estas condiciones se verifican.

Deportación: Es un procedimiento de expatriación ejecutado por las autoridades dominicanas en contra de un Extranjero que se encuentre en el territorio dominicano y que haya transgredido las normativas legales sobre migración.

D.G.M.: Siglas con las que se designa la Dirección General de Migración.

D.N.I.: Son las siglas que designan el Departamento Nacional de Investigaciones, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley No. 857, del 22 de julio del año 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9486.

D.N.C.D.: Siglas con las que designa la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de Drogas y sustancias controladas No. 50-88, del 30 de diciembre de 1988, publicada en la Gaceta Oficial No. 9735.

Detención migratoria: Se refiere a la retención del Extranjero infractor de la Ley de Migración.

Director: Se refiere al Director General de Migración.

Dominicano: Toda persona declarada como tal conforme el artículo 18 de la Constitución Dominicana.

Emigrante dominicano: Nacional de la República Dominicana que se encuentre residiendo fuera del territorio dominicano. 7

Empresa de Transporte Internacional: Toda empresa dedicada al transporte de pasajeros, carga o correspondencia que llegue o parta desde la República Dominicana desde o hacia el extranjero.

Extranjero: Toda persona que no sea nacional de la República Dominica y que se encuentre temporal o permanentemente en el territorio nacional.

Expulsión: Es un procedimiento de expatriación ejecutado por las autoridades dominicanas en contra de un Extranjero que se encuentre en el territorio dominicano de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 122 de la Ley.

Habitante fronterizo: Todo Extranjero residente en área de la República de Haití limítrofe al territorio de la República Dominicana en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi que desarrolle actividades no laborales, dedicado a faenas de pequeño comercio, una vez sea debidamente autorizado por la D.G.M. podrá gozar del privilegio de ingresar al país dentro del perímetro de la frontera establecido para ello. Está obligado, por la Ley a regresar diariamente a su lugar de residencia.

I.D.A.C.: Siglas con las que se designa al Instituto Dominicano de Aviación Civil, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de Aviación Civil No. 491-06, del 28 de diciembre de 2006.

Inspector de Control Migratorio: Funcionario de la D.G.M. que ejerce sus funciones sin haber obtenido el grado de Inspector de Migración.

INTERPOL: Siglas con las que se designa la Organización Internacional de Policía Criminal.

Inversionista: Todo extranjero propietario de una inversión extranjera debidamente registrada, que aporta bienes para realizar actividades de interés para el país, cuyo monto mínimo de inversión se encuentra fijado por este Reglamento.

Legalizado: Procedimiento de certificación de documento que se realiza por una de las misiones consulares de la República en el extranjero.

Ley: Se refiere a la Ley General de Migración No. 285-04, del 15 de agosto del año 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 10291.

Menores de edad: Toda persona que aún no ha alcanzado la edad establecida por la ley para la plena capacidad jurídica de ejercicio de derechos civiles y políticos.

No Residente: Todo Extranjero que ha sido admitido legalmente en el territorio de la República Dominicana en esa condición, conforme artículo 36 de la Ley.

Oficial de Migración: Inspector de Control Migratorio, egresado con grado de Oficial de la Escuela Nacional de Migración. 8

Operación Transporte Aéreo Comercial: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal nn) de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es toda operación de aeronaves que envuelve el transporte de pasajeros con fines de remuneración.

Operador Aéreo: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal pp) de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es cualquier organización nacional dedicada o comprometida en el transporte aéreo comercial interno o internacional, de manera directa o indirecta, o mediante arrendamiento o cualquier otro arreglo.

Pariente: Se refiere al cónyuge y a los hijos solteros menores de dieciocho (18) años de edad, o hijos mayores de edad discapacitados.

Pasajero en tránsito: Extranjero transportado por una Empresa de Transporte Internacional, que en su itinerario de viaje no tiene como destino final la República Dominicana, desde donde abordará otro medio de transporte hacia el país de destino.

Pensionados o Jubilados: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera No. 171-07, del 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 10425, son personas extranjeras, beneficiarias de una renta mensual correspondiente a una pensión o jubilación de un gobierno, organismo oficial o empresa privada de origen extranjero, que han manifestado su intención de trasladar su residencia definitiva al país y recibir los beneficios de su pensión o retiro en la República Dominicana.

Proyecto de Inversión Designado: Es aquel proyecto de inversión designado de alta prioridad por el Poder Ejecutivo atendiendo a su impacto socio-económico de generación de empleos, generación de divisas, transferencia tecnológica e impacto ambiental y cualquiera otra razón entendida de interés nacional para el Estado en el momento otorgado. A los fines de este Reglamento serán considerados como parte de este renglón las empresas establecidas bajo el régimen de zonas francas.

Repatriado: Dominicano que resulta retornado por autoridades extranjeras en uso de sus facultades soberanas.

Refugiado: Se considerará refugiado, para los fines de la aplicación de la Ley y este Reglamento, a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o, que careciendo de nacionalidad, y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviere residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. 9

Rentistas: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera No. 171-07, del 13 de julio de 2007, son aquellas personas que gozan de rentas estables, permanentes, cuyo ingreso principal sea generado o proveniente del exterior por cualquiera de las siguientes razones: Depósitos y/o inversiones en bancos establecidos en el exterior; Remesas provenientes de instituciones bancarias o financieras del exterior; Inversiones en empresas establecidas en el exterior; Remesas originadas de bienes raíces; Intereses percibidos de títulos emitidos en moneda extranjera generadas en el exterior, que se encuentren en instituciones financieras legalmente autorizadas para operar en la República Dominicana; Beneficios obtenidos por inversiones en títulos emitidos en moneda extranjera y/o nacional, con el Estado o sus instituciones, siempre y cuando el capital haya sido generado en el exterior y se realice el cambio de moneda en cualquiera de las instituciones financieras del país; e Intereses, renta o dividendos de inversiones mobiliarias o inmobiliarias realizadas en la República Dominicana, cuyo ingreso principal haya sido generado o devengado principalmente en el exterior.

Residente Permanente: Extranjero que ha sido admitido dentro del territorio nacional bajo esa categoría, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley y el presente Reglamento.

Tarjeta de Turismo: Autorización que permite a un extranjero ingresar al país sin visa, que puede adquirirse en el extranjero, o en los Aeropuertos dominicanos, de acuerdo a los dispuesto por la Ley No. 199, Sobre Uso de Tarjetas de Turismo, del 9 de mayo del año 1966, publicada en la Gaceta Oficial No. 8984.

Trabajador Temporero: Extranjero que ingresa al territorio nacional para prestar servicio laboral por un tiempo determinado, y bajo contrato, de forma individual o formando parte de contingente, por personas físicas o morales que explotan en el país unidades económicas de producción, distribución de bienes y servicios, y de acuerdo a la asignación de cuota elaborada por el Consejo Nacional de Migración.

Tránsito: Toda situación migratoria en la que se encuentra todo Extranjero al cual la D.G.M. no le ha concedido residencia permanente.

Tripulación: Dotación del personal transportado en un medio de transporte internacional marítimo o aéreo y que figura enrolado en el mismo.

Ventanilla de Inversión Extranjera: Ventanilla especial instalada en la D.G.M., creada para recibir y gestionar de manera expedita la tramitación de residencia temporal y permanente para Inversionistas Extranjeros, así como para brindar información y asesoría del mismo a los interesados.

Visa: Autorización o permiso concedido por las Embajadas o Consulados de la República en el Exterior o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Departamento Consular, expedido en los pasaportes o documentos de viaje de extranjeros con interés de visitar la 10

República Dominicana y que les autoriza a viajar a territorio de la República Dominicana, en las modalidades y categorías de visas establecidas por la Ley sobre Visados No. 875, del 21 de julio del año 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9487.

Zona Fronteriza: A los fines de la Ley General de Migración y del presente Reglamento, se considera Zona Fronteriza el área geográfica de la República Dominicana limítrofe al territorio de Haití en las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi.

CAPÍTULO II

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE APLICACIÓN DE LA

LEY Y DE LA POLÍTICA MIGRATORIA

Sección I

Del Ministerio de Interior y Policía

ARTÍCULO 4.- En adición a las competencias atribuidas en la Ley, el Ministerio de Interior y Policía, es el órgano oficial encargado de la aplicación de la Ley, auxiliándose de otros órganos del Estado. Entre sus funciones se encuentran:

a) Velar por la buena aplicación de la Ley.

b) La asistencia técnica y financiera a la DGM.

c) La supervisión a la DGM en su labor de ordenar y regular los flujos migratorios en el territorio nacional, tutelando el cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas por la Ley General de Migración No. 285-04 y este Reglamento.

d) Asumir la presidencia del Consejo Nacional de Migración a los fines de hacer cumplir la ley y hacer efectivo un diseño e implementación de la política migratoria del Estado dominicano.

Sección II

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN

ARTÍCULO 5.- La D.G.M. es una institución, adscrita al Ministerio de Interior y Policía encargada de: 11

a) Regular las migraciones de los Extranjeros en cuanto a la entrada, permanencia y la salida;

b) Llevar el control de los flujos migratorios en el territorio nacional;

c) Vigilar que todos los Extranjeros estén bajo la condición de legalidad en el país;

d) Llevar control de las emigraciones de los nacionales en cuanto a las salidas y sus retornos;

e) Proveer a los extranjeros de la documentación migratoria correspondiente para cada caso, según la ley;

f) Instrumentar y ejecutar los procedimientos para el otorgamiento de permisos de entradas y salidas, residencias, expediciones de certificaciones, entre otras funciones y prerrogativas establecidas en este Reglamento;

g) Hacer efectiva la no admisión, la deportación o la expulsión de los Extranjeros que estén el territorio nacional, una vez sea ordenada por autoridad competente;

h) La responsabilidad en hacer cumplir la Ley con el auxilio de otros organismos del Estado, además de todas las atribuciones que le confiere el artículo 6 de la Ley;

ARTÍCULO 6.- Para el mejor cumplimiento de las disposiciones conferidas por la Ley y este Reglamento, la D.G.M. se auxiliará de los Ministerios de Interior y Policía, de Relaciones Exteriores, de las Fuerzas Armadas, de Salud Pública, del D.N.I., del Ministerio Público, la Policía Nacional, la D.N.C.D., la Junta Central Electoral y otras que así resulten de su utilidad.

ARTÍCULO 7.- La D.G.M. de común acuerdo con el D.N.I., diseñará un banco de datos común para el intercambio de informaciones relativas a las funciones de ambas instituciones. Estas informaciones deben preservar el Derecho a la intimidad de sus titulares, en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04, del 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 10290 y sólo podrán servir a las instituciones públicas a los exclusivos fines de investigaciones, con arreglo a las excepciones previstas en el párrafo III del artículo 37 de la Ley No. 288-05 que regula las Sociedades de Intermediación Crediticia y de Protección al Titular de la Información, del 28 de agosto de 2005, publicada en la Gaceta Oficial No. 10332.

ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley, se crea Escuela Nacional de Migración, adscrita al Instituto Nacional de Migración, la cual tendrá a su cargo la formación y capacitación de los Inspectores, Oficiales de Control Migratorio y demás personal de la D.G.M. La estructura de personal de esta Escuela deberá estar amparada en las disposiciones del Ministerio de Administración Pública. 12

PÁRRAFO I.- Los Inspectores de Control Migratorio, una vez entrenados y capacitados por la Escuela Nacional de Migración, obtendrán el grado de Oficial Migratorio y los mismos serán auxiliares de la justicia en materia de Régimen de Extranjería señalado por el artículo 25 de la Constitución de la República.

PÁRRAFO II.- Los Oficiales Migratorios serán entrenados en el manejo de la Ley y sus procedimientos, tanto en los aspectos administrativos, ejecutorios, como en materia de extranjería, derechos humanos y derecho internacional.

ARTÍCULO 9.- El Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración son las instituciones del Estado encargadas de las ejecuciones de los procedimientos de las deportaciones y expulsiones de los Extranjeros que sean objeto de tales medidas.

Sección III

Del Consejo Nacional de Migración

ARTÍCULO 10.- El Consejo Nacional de Migración es el órgano que asesora al Estado en asuntos migratorios. Coordina las instituciones responsables de aplicación de la política nacional de migración de la República Dominicana, conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley y este Reglamento.

ARTÍCULO 11.- El Consejo Nacional de Migración tiene como función principal diseñar la estrategia y las políticas del Estado en materia migratoria y planificar programas de ejecución a cargo de las instituciones correspondientes.

ARTÍCULO 12.- El Consejo Nacional de Migración, para el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, procederá de la siguiente manera:

1. Recibirá las informaciones necesarias sobre la situación migratoria en la República Dominicana, de las instituciones parte del Consejo Nacional de Migración, las cuales le permitirán elaborar, diseñar y recomendar las medidas migratorias a los órganos miembros establecidos por la Ley y este Reglamento.

2. Comunicará al Presidente de la República Dominicana las recomendaciones emanadas del Consejo Nacional de Migración.

3. Conocerá las disposiciones administrativas emanadas del Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución, procediendo a ejecutarlas a través de los órganos establecidos para tales fines.

ARTÍCULO 13.- Las convocatorias de carácter extraordinarias que haga el Consejo Nacional de Migración a solicitud de tres (3) de sus miembros, se hará por escrito y expondrá la razón de la misma cuando se trate de aprobar o modificar programas y proyectos urgentes, o cuando su convocatoria tenga por fin tomar decisiones de carácter urgente o de gran importancia.

ARTÍCULO 14.- Las resoluciones que tome el Consejo Nacional de Migración en materia de política nacional de migraciones serán dictadas por escrito, registradas y numeradas. De ellas se conservará un registro permanente.

Sección IV

Del Instituto Nacional de Migración