Noticias sobre el Foro Sentencia 168-13

Noticias sobre el Foro Sentencia 168-13 (11)

REPLICA AL ARTÍCULO DE “EL PAIS”

Escrito por Dr. Armando Armenteros Miércoles, 23 de Octubre de 2013 03:58

REPLICA AL ARTÍCULO DE “EL PAIS”

 

Señores:

Somos una asociación sin fines de lucro incorporada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, que agrupa a ciudadanos de todas las corrientes políticas, partidarias e ideológicas que tiene por objeto fundamental servir a la realización de acciones que llamen la atención de la comunidad internacional sobre la realidad del drama del pueblo haitiano y sus consecuencias para la seguridad y la estabilidad de la región.

En este sentido, estamos llamados a proveer información veraz y fehaciente sobre los diversos aspectos de los problemas que aquejan a este país, con el que compartimos una frontera terrestre de 392 kilómetros, y a su población cada vez mas empobrecida y olvidada después de la desmesurada mediatización de la última gran tragedia vivida por esta nación el 12 de enero del 2010 cuando un terremoto de una magnitud sin precedentes destruyera importantes centros urbanos en dicho país, causando cerca de 300 000 víctimas mortales y casi 2 000 000 de personas siniestradas y sin techo.

Nos ha llamado a preocupación que un medio de comunicación del prestigio de El País, puedan reproducirse informaciones inexactas en lo que respecta el contenido de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana 168/13 y contestes con nuestro objeto social, y en ejercicio del derecho de réplica, queremos formular las siguientes precisiones:

1. La sentencia del Tribunal Constitucional conforme la Constitución dominicana y la ley orgánica y de procedimientos constitucionales, 137/11, es la expresión soberana del supremo interprete de la Constitución. Esta decisión es definitiva, irrevocable y vinculante para los poderes públicos.

2. En esta sentencia no se trata de la inconstitucionalidad de una norma, ni de una sentencia aditiva para salvar una norma de su expulsión del ordenamiento jurídico.

3. Esta sentencia constata la interpretación continua, coherente y uniforme del concepto de inmigrante no residente que el Constituyente del 1929, y los sucesivos, así como la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia actuando tanto como Corte de Casación que como Tribunal Constitucional, antes del 26 de enero del 2010, denominan “persona en tránsito” fundamentada en la condición de temporalidad, para toda persona que no ha sido admitida al estatuto de residente permanente, o se encuentra en situación de irregularidad migratoria, como siendo un obstáculo a la aplicación del ius soli puramente y simplemente, a los descendientes de los migrantes que se encuentran en estas categorías migratorias.

4. El Tribunal Constitucional constata que habida cuenta que el Registro del Estado Civil de la República Dominicana ha estado contaminado por declaraciones fraudulentas, falsificaciones, usurpaciones de identidad, y otras falencias que ponen en peligro la seguridad misma del Estado, exhorta, en virtud del principio de auto organización del Estado, a las autoridades competentes en materia de Registro Civil, la Junta Central Electoral, a operar el saneamiento de los mismos desde la fecha en que el Constituyente introduce la noción de “transito” en el ordenamiento jurídico de la república Dominicana.

5. Las medidas que el Tribunal Constitucional indica solo conciernen a los extranjeros inscritos en los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana, y no a toda la población migrante.

6. El Tribunal Constitucional dispone que la Junta Central Electoral remita la Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana al Ministro de lo Interior y Policía, quien preside el Consejo Nacional de Migración, para que esta última entidad, de acuerdo con el mandato que le otorga el artículo 151 de la Ley de Migración 285-04, elabore el Plan Nacional de Regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, y rinda informe al Poder Ejecutivo al que exhorta a implementar dicho Plan Nacional de regularización.

De manera que esta sentencia afecta a un número muy limitado de personas, los cuales una vez identificados serán atendidos conforme sus circunstancias particulares.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional no desnacionaliza ningún grupo humano identificado o por identificar puesto que no tiene competencia para esta medida que sería contraria a los principios del Derecho Internacional.

El Tribunal Constitucional, dentro de las atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes, afirma de conformidad con el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional Privado y el Derecho Internacional de los Derechos humanos, primero, que el Estado tiene competencia exclusiva para determinar quiénes son sus nacionales; segundo, que la nacionalidad del país de nacimiento solo se atribuye si el interesado no tiene derecho a otra en razón de ser un criterio subsidiario cuando los sistemas en presencia privilegian el ius sanguinis; tercero, que en razón de los principios de Derecho Internacional público, especialmente el principio de auto organización, el Estado tiene la obligación de acoplar sus actas, registros y expedientes a lo que manda la ley para garantizar a los ciudadanos la fe pública y la regularidad de los actos del Estado Civil.

Esta sentencia que es un acto interno y soberano de una institución del Estado dominicano no afecta los derechos ni intereses de ningún otro Estado con quien la República Dominicana haya contraído compromisos internacionales. Es una obligación internacional que cada Estado dote a sus nacionales de la documentación pertinente para el ejercicio de sus competencias personales y de la protección diplomática. Y en ningún caso la República Dominicana tiene la obligación de dotar de documentos a los nacionales haitianos desprovistos de documentación de identidad por carencias de su Estado nacional.

La comunidad internacional haría buena justicia en cumplir con sus compromisos de reconstrucción con Haití, suministrando la ayuda técnica y los fondos necesarios al censo, registro y reconstrucción del Estado Civil haitiano y este cumpla así su obligación primaria de identificación de sus nacionales, derecho humano vinculado al respeto de la dignidad humana, valor universal.

COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON HAITI

Armando Armenteros

Presidente

 

 

CARTA A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL


Al:                              Lic. Roberto Rosario Márquez

Presidente de la Junta Central Electoral.

Vía:                            Departamento de Acceso a la información pública,

Atención Licda. Well Sepúlveda, encargada.

Asunto:                   Solicitud de información sobre investigaciones realizadas respecto de vulneraciones de los libros de actas del estado civil y sometimientos que hayan cursado ante los tribunales por esta causa a iniciativa de la Junta Central Electoral (ley 200-04).

Distinguidos señores:

Por medio de la presente quienes suscriben, CÉSAR ALCÁNTARA MORALES, JOSÉ FERNANDO PÉREZ VÓLQUEZ, MANUEL ANTONIO NOLASCO BENZO, CRISTINA AGUIAR, JAZEEL ANTONIO PIMENTEL MARTÍNEZ, JOSÉ OSCAR DE LA ROSA LUNA, LINDA CASTILLO DE JULIÁN, FABIO CAMINERO, TRAJANO VIDAL POTENTINI, HILARIO OCHOA ESTRELLA, ANA MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO, RICHARD ALEJANDRO BENOIT DOMINGUEZ, AGUSTIN P. SEVERINO, RAMÓN ANDRÉS BLANCO FERNANDEZ, MARIBEL REYES, TAMMY RODRÍGUEZ, CLARISSA HERNÁNDEZ DÍAZ, RENÉ ALT. PÉREZ BLAS y JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN, dominicanos, mayores de edad, casados, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0327907-1, 069-0001633-5, 025-0001583-5, 001-1287000-1, 020-0014858-1, 001-0538681-7, 001-0925548-9, 001-0084192-3, 001-0372783-0, 031-0113063-5, 001-0100330-9, 001-1238682-6, 001-03666756-4, 001-0150323-3, 031-0447488-1, 001-0794960-4, 001-1706343-8, 001-0943994-3 y 001-0087292-8, respectivamente, matriculados en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, e igualmente la organización sin fines de lucro CONVERGENCIA NACIONAL DE ABOGADOS (CONA), incorporada mediante decreto No. 137-04 del 24 febrero 2004, representada por su Presidente YUNIOL RAMÍREZ FERRERAS, todos con elección de domicilio para los fines de la presente instancia en la calle Luis F. Thomén No. 109, del Ensanche Evaristo Morales, Distrito Nacional, tel. 809-496-2800, en sus propios nombres y en sus condiciones de ciudadanos interesados en que la vigencia de las leyes en el país, principalmente aquellas que salvaguardan la soberanía política de la nación, sean preservadas, tienen a bien solicitar lo siguiente:

UNICO: Se sirva instruir a la Secretaría General de la Junta Central Electoral, a los Departamentos de Unidad Central de Declaración Tardía de Nacimiento, Dirección Nacional de Inspectoría, Dirección del Registro Civil y la Consultoría Jurídica de la Junta Central Electoral, a los fines de que nos provea información y/o copia certificada de toda investigación realizada por la Junta Central Electoral relativa a vulneraciones de los libros de actas del estado civil y/o sometimientos que hayan cursado ante los tribunales por esta causa a iniciativa de la Junta Central Electoral en contra de funcionarios y empleados, particulares o instituciones, ya sea por falsificación de libros, actas y documentos y de identidad, suplantación de personas y/o declaraciones fraudulentas y uso de documentos de tales documentos.

Estas informaciones tienen carácter público, por ser relativas a los libros de actas del estado civil y a los documentos que acreditan la correcta condición de ciudadanos de sus beneficiarios, de acuerdo a lo dispuesto por las leyes No. 659 y 6125, que rigen la materia.

La presente solicitud se fundamenta en las disposiciones de la ley No. 200-04, sobre libre acceso a la información pública, y la razón que nos motiva como ciudadanos es requerir por las vías de derecho la información acerca de las investigaciones realizadas por la Junta Central Electoral y el seguimiento de expedientes que ya cursen en los tribunales, o el sometimiento de responsables, beneficiarios y cómplices de personas o instituciones que, actuando individualmente o asociados para la violación de la ley, HAN ATENTADO CONTRA LA INTEGRIDAD DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA en una dimensión que parece comprometer la estabilidad y la seguridad misma del Estado dominicano.

Con la información resultante, los suscribientes y todos aquellos ciudadanos dominicanos interesados, ejerceremos de manera colectiva los requerimientos y/o denuncias ante las autoridades judiciales correspondientes, por la vía procesal prevista en la ley, a los fines de que sean investigados y/o perseguidos y/o sometidos a la justicia quienes resulten vinculados por las pruebas obtenidas.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013).

CÉSAR ALCÁNTARA MORALES CRISTINA AGUIAR

JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN

por sí y por

JOSÉ FERNANDO PÉREZ VÓLQUEZ, MANUEL ANTONIO NOLASCO BENZO, JAZEEL ANTONIO PIMENTEL MARTÍNEZ, JOSÉ OSCAR DE LA ROSA LUNA, LINDA CASTILLO DE JULIÁN, FABIO CAMINERO, TRAJANO VIDAL POTENTINI, HILARIO OCHOA ESTRELLA, ANA MARÍA RODRÍGUEZ CASTRO, RICHARD BENOIT DOMÍNGUEZ, AGUSTÍN SEVERINO, RAMÓN ANDRÉS BLANCO FERNÁNDEZ, MARIBEL REYES, TAMMY RODRÍGUEZ, CLARISSA HERNÁNDEZ DÍAZ,

 

 

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