LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 168/13, DESDE EL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Empezaremos nuestra ponencia haciéndonos la pregunta porque esta sentencia del Tribunal Constitucional de la Rep. Dom. Ha causado tanto revuelo. Acaso tienen razón los detractores del Tribunal Constitucional, al decir que la sentencia envuelve aspectos discriminatorios contra los haitianos, o tal vez viola la propia constitución en cuanto a la irretroactividad de la ley, o será cierto que desnacionaliza a ciudadanos que le corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho, o tal vez es porque fundamenta la nacionalidad sobre falsas premisas de violación a otras leyes como lo son las de Registro Civil, cedulación y migración?

Vamos a desmontar todos y cada uno de estos juicios infundados y maliciosos, y vamos a demostrar que lo malo de esta sentencia es que lacera intereses que históricamente han sido o protegidos o ignorados por las diferentes autoridades de Estado dominicano por décadas, sin que nadie se atreva a enfrentar los protagonistas del manejo del tráfico de armas por la frontera, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de mercancías, tráfico de vehículos robados, tráfico de obreros en beneficio de la industria de la construcción, de la agricultura, tráfico de parturientas en nuestro centro de salud y hasta tráfico de pedigüeños que se apostan en las principales esquinas de nuestras ciudades.

Como es posible que tengamos un país con una de las constituciones más garantista del mundo y no tengamos la capacidad de aplicarla y aplicar sus leyes adjetivas, como son las del Registro Civil y la de Migración? Como es posible que estemos adaptados a vivir en un país con una cultura de caos y el desorden? Y nos resulte tan difícil aceptar una disposición que viene a imponer orden y respeto a la institucionalidad del Estado.

Para nadie es un secreto que por asuntos de clientelismo se expedían documentos de identidad dominicana, violando la ley 6125 y la 8-92 sobre cedulación, al expedirle cedulas dominicanas a ciudadanos extranjeros, sin actas de nacimiento y en muchos casos de ciudadanos dominicanos ya fallecidos.

Es cierto que existe un peaje de indocumentados que tienen que pagar los medios de transporte en cada puesto de chequeo desde la frontera hasta la capital, Santiago o la Altagracia.

La verdad que viene a revelar esta sentencia es que existía un mercado de expediciones de actas y cédulas por tarifas entre tres mil a cinco mil pesos. Que en este momento existe un mercado dirigido hombres dominicanos,  con tarifa de cinco mil pesos, para que hagan los reconocimientos ante el Oficial del Estado Civil, a los hijos de haitianas nacidos en el país, y luego inscribirlo en el Registro Civil como nacionales dominicanos.

Estas son de las verdades que como efecto colateral, esta sentencia viene a revelar. Porque es cierto que el registro civil ha estado permeado por la mala práctica de ser permisible, inseguro, filtrado por intereses mezquinos, mercantilistas o ilegales, es cierto que con la frontera ha pasado lo mismo. Pero es hora de que los intereses nacionales interfieran y confronten estas realidades para el país enderece su trayecto de insalubridad jurídica, y establezca una línea divisora entre la podredumbre institucional y el respeto a las normas morales y legales vigentes.

Respondiendo la sentencia 168-2013 desde el enfoque técnico, sobre la imputación de irretroactividad que se le imputa, queremos indicar que nuestra constitución, a la que este Tribunal está llamado a interpretar y aplicar, en su artículo 110, hace referencia a la irretroactividad de la ley. Citamos, “La Ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Resulta que no estamos hablando de una sanción conforme a una legislación anterior, como intencionadamente se ha dicho, lo que el Tribunal Constitucional explica es que el derecho reclamado sobre la nacionalidad dominicana viene dado de textos constitucionales con criterios y principios legales constantes, como lo es la Constitución del 1929, la cual indicaba en su art. 8, “ Son Dominicanos: 1° Las personas que al presente gozaren de esta calidad en virtud de Constituciones y leyes anteriores. 2° Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legitimos de los extranjeros residente en la República en representación diplomática o que estén de tránsito en ella”. O sea, no son dominicanos, según esta Constitución, hijos de diplomáticos, ni personas en tránsito.

De igual modo la sentencia hace referencia a la Constitución del 1966 por que ese era el texto vigente a la fecha de nacimiento de la accionante, el cual indicaba en su artículo 11 exactamente lo mismo que la del 1929.

Señores, los dos textos que la sentencia hace referencia contienen de forma inequívoca, el, mismo espíritu de constituyente de hoy, lo que evidencia la burda y descarada manipulación no accidental, que hasta cierto punto ha logrado confundir a gran parte de la comunidad nacional e internacional.

Veamos ahora la parte comparable con el texto vigente, ha sido satanizado como anti extranjero, xenófobo o anti haitiano, citamos el artículo 18: “Son dominicanas y dominicanos: 1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano”. Como podreis haber notado, todas las constituciones, por lo menos, en este tema, sostienen una constante inalterable.

Vista la inexistencia de retroactividad, en razón de que el 1929 es un referente que hace la sentencia para ordenar al Registro Civil elaborar un listado para que pueda dar una respuesta masiva a todos los que se encuentren en situaciones similares, como un modo de buscar una solución a todos los que padezcan de esta dificultad y que el 1966 es la Constitución en la cual se produce el nacimiento de la amparista, haciendo la mención, a los fines de aclarar que para la fecha existía el mismo principio sobre el derecho a la nacionalidad que existe al momento.

Desde el de vista técnico, no adolece del vicio de retroactividad, lo que ocurre con las menciones a los años 1929 y 1966, es un resultado de situaciones fáticas, en que el Tribunal trata de establecer la realidad de los hechos en función de situaciones jurídicas reales. El 1929 es una fecha referente a una constante histórica sobre el espíritu constitucional de la nacionalidad.

Otros de los dilemas con lo que se quiere satanizar la sentencia, es con la interpretación de la palabra TRANSITO. Para una fina aplicación de este concepto jurídico, tenemos que remontarnos al reglamento 279 de la ley 95 de migración en su V Sección plantea la figura de Transeúnte: definiéndolo como los extranjeros que traten de entrar en la Republica con el propósito Principal de proseguir a través del país con destino al exterior.

La ley 95 en su artículo 3, contenía la categoría de no inmigrante, que para los fines de las constituciones del 1929 y siguientes, no calificaban para el derecho a la nacionalidad, por el hecho de que no eran residentes en el país.

También la ley 285-04 divide las categorías migratorias, pero esta vez en residentes y no residentes, según su artículo 29, pero es el articulo 36 el que define la categoría de no residentes, y en su numeral 10 Considera a los No Residentes como personas en Tránsito, para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la Republica para los fines de la vigente el artículo 18. De donde podemos precisar que la palabra transito es una sub clasificación de la categoría migratoria de no residente y el no residente no reúne las condiciones para ser considerado residente, y como vía de consecuencia un hijo suyo nacido en el territorio dominicano no le corresponde por derecho propio la nacionalidad.

Decir que el transito es una figura de la constitución del 2010 es una falsedad, tránsito figura como una excepción a la regla sobre la nacionalidad por el principio del ius solis en todas las Constituciones dominicanas desde 1929, en el artículo 8.2 de las reformas constitucionales de 1934, 1942, y 1947; en el artículo 12.2 de las Constituciones de 1955, 1959, 1960, 1961, 1962; en el artículo 89.2 de la Constitución de 1963; en el artículo 11.1 de las Constituciones de 1966, 1994 y 2002; y ahora en el artículo 18 numeral 3 de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010.

No nos dejemos engañar, la verdadera génesis del problema deviene de la polémica Resolución núm. 12-2007, la que a propósito, fue aprobada por unanimidad por el pleno de esa institución, y que versa sobre el Procedimiento para la suspensión provisional de expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, las cuales solo son expedibles para gestiones ante los tribunales, para que estos, bajo el marco de su jurisdiccionalidad, procedan de acuerdo a la ley.

El artículo 31 de la ley del Registro Civil indica que las actas se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de ellas, siempre que sus originales hayan sido redactados en los plazos legales. La mayoría de estas actas cuestionadas son tardías, lo que significa que pueden ser atacadas con cualquier medio de prueba.

Con la aplicación del artículo 36 de ley 659, fundado en el principio de que el fraude lo corrompe todo, la oficialía se ve imposibilitada de la expedición de actas irregulares, citamos “Toda alteración y falsificación en la Actas del Estado Civil, así como el asiento que ella se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal.

Si no vamos al Código Penal en sus artículos 145, 146, 147 y 148 todo lo relativo a la falsedad en escritura pública, establecen las sanciones al funcionario público y el modo en que un oficial se incrimina al expedir estas actas, o el modo en que el usuario se incrimina al hacer uso de ellas. Cuando existan evidencias o sospechas de falsedad, el Tribunal Constitucional, si nos detenemos a leer por lo menos su dispositivo, lo que está diciendo es que sea enviado al Tribunal competente.

Con lo antes razonado, hemos podido probar, que la referida pieza histórica del Tribunal Constitucional, deja establecido el principio del adecentamiento del Estado, en la búsqueda de una solución definitiva, a la cual se rehuido, como el diablo a la cruz, sobre la situación jurídica de los hijos de los extranjeros nacidos en el país, o sobre la condición de los extranjeros que viven o nacen en suelo dominicano.

Es de trascendental importancia esta decisión, porque obliga a las autoridades, a buscar una solución a todos los extranjeros que se encuentran en el país de forma irregular, pero sobre todo, abre el espacio para que por primera vez, se piense en la solución al problema de cientos o miles de extranjeros que viven sin una definición de sus status migratorio y otros que tienen dificultades sobre la condición de una identidad nacional vinculante con la nacionalidad con que se identifican, invocando una relativa posesión de estado, a lo cual el Estado dominicano debe responder lo antes posible.

La sentencia 0168-2013 define la nacionalidad como un lazo jurídico y político que une a una persona con un Estado; de manera más técnica y precisa, no es solo un vínculo jurídico, sino también sociológico y político, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado. Pero lo cierto es que todo país tiene el derecho de establecer sus propias normativas sobre la nacionalidad, así lo hacen los Estados Unidos, al sustentar el jus solis, sobre el derecho a la nacionalidad, americana todos los nacidos en su territorio, un hijo de un dominicano nacido en España le corresponde la nacionalidad dominicana, así como un hijo de dominicano nacido en Haití, le corresponde la dominicana.

Si bien es cierto que como país, no estamos obligados ni en condición de cargar con las debilidades, con la pobreza, con la indocumentación, con la falta de regulación de los nacionales del país vecino, no es menos cierto, acogiendo al mandato del Tribunal Constitucional, que en estos momentos debemos considerar buscar una solución legal a un problema social, que mantiene en un letargo civil a miles de personas nacidos en nuestro suelo, situación que deviene de las propias debilidades, producto de la irresponsabilidad, de la corrupción y la complicidad de todos los gobiernos que ha tenido la República hasta nuestros días, que han sido incapaces de imponer el orden y hacer respetar las leyes.

Dr. José Miguel Vásquez García

Muchas Gracias.

 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL 168/13, EN EL

ENFOQUE ECONOMICO


Durante años, nuestras políticas públicas desconocieron las graves consecuencias para nuestro país, provocadas por la complicada situación de nuestros vecinos.

Y dicha situación no puede ser más deplorable.

De acuerdo a una agencia del gobierno de los Estados Unidos, habitamos en una isla donde hay 11.3 millones de pobres e indigentes, de los cuales algo mas de 3 millones son dominicanos y cerca de 8 millones son haitianos.

Y lo que resulta mas preocupante: el problema social haitiano se viene agravando. Un informe de la Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria afirma que un millón 200 mil haitianos sufrieron hambre en el año 1997. Dicha cifra aumentó a seis millones 170 mil personas, en el 2013.

De acuerdo a un informe del Banco Mundial del 2007, un 35% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido algún tipo de violencia de género y un 17 % de los niños de las áreas urbanas crecían sin la protección, ni el afecto de un padre o una madre.

Esta realidad, agravada por el terremoto del año 2010, ha producido una desbordada inmigración hacia nuestro lado de la isla que esta poniendo en riesgo nuestra convivencia, empobreciendo nuestra economía y poniendo a prueba nuestra frágil institucionalidad democrática.

Es en el marco de esta grave situación social que debemos valorar la valiente decisión del Tribunal Constitucional que ha definido los elementos constitutivos de la nacionalidad dominicana, además de que constituye un llamado al Estado Dominicano para que asuma cabalmente su responsabilidad como regulador del flujo migratorio. Esta importante decisión merece el apoyo de todos los dominicanos, ya que se emprenderán acciones y se expondrán argumentos legales, económicos, comerciales y de otras índoles para intentar subvertir dicha decisión y regresar al peligroso derrotero que llevábamos.

Y la situación que enfrentamos es muy compleja y complicada.

Hay quienes argumentan que estos inmigrantes empobrecidos son una fuente de riqueza para la sociedad dominicana. Nuestra respuesta a ese argumento es que una mano de obra empobrecida produce riqueza a una minoría que se beneficia de su trabajo, pero no a la sociedad como un todo. En realidad no estamos ante nada nuevo, pues hasta tal punto la pobreza marcó la historia de la humanidad, que durante siglos la creación de riqueza se apoyó en la miseria humana. La posibilidad de crear riqueza elevando simultáneamente el nivel de vida de los trabajadores es un fenómeno históricamente reciente, consecuencia de la Revolución Industrial, que permitió una mayor producción por hora trabajada, y de la Revolución Francesa, que convirtió a súbditos en ciudadanos.

Aun así durante buena parte del Siglo XIX los dueños de plantaciones del sur de los Estados Unidos acumularon una fabulosa riqueza utilizando una mano de obra miserable, en ese caso, esclava. Este sistema económico resultó incompatible con la acelerada industrialización de los estados del norte y con un 50% de analfabetos resultó contrario al desarrollo intelectual y tecnológico de los estados del sur. El liberal Henry W. Seward afirmó que ambos sistemas “antagónicos” terminarían en un “inevitable conflicto,” que ciertamente resultó ser una cruenta guerra civil, donde más norteamericanos murieron, que el total de los que lo hicieron en todas las demás guerras hasta Iraq.

El derramamiento de tanta sangre llevó a los alto mando del ejercito de los Estados Unidos ha descartar la estrategia que se limitaba a ganar batallas y formular una estrategia de guerra total para destruir el sistema económico y social del sur, que el Gral. Sherman llevó a cabo con metódica eficacia y que anticipó las terribles guerras del siglo XX. Es dentro de ese contexto de la guerra total que los esclavos fueron liberados, lo que explica la dolorosa historia de discriminación racial, que terminó aproximadamente 100 años mas tarde con el grito de Martin Luther King, “Yo tuve un sueño.”

¿A que viene esta larga narrativa? A que como dijo Voltaire, la historia no se repite, los hombres se repiten. El plantear un modelo de creación de riqueza en base a una mano de obra empobrecida en pleno siglo XXI es un anacronismo, que simplemente contribuirá a la pobreza y al atraso del pueblo dominicano.

La evidencia de rigurosas investigaciones de expertos internacionales configuran un cuadro alarmante de nuestra economía. La desbordada inmigración de pobres ha aumentado la desigualdad social, ha profundizado la penuria de los dominicanos mas vulnerables, cuyos puestos de trabajo, salarios y servicios sociales están bajo una intensa presión por parte de inmigrantes pobres.

El economista Philppe Auffret escribió un estudio sobre la pobreza en la República Dominicana para el Banco Mundial hace mas de 10 años, cuando el fenómeno migratorio no había asumido la fuerza que alcanzó después del devastador terremoto del 2010.

Dos de las conclusiones de este estudio fueron las siguientes:

La inmigración descontrolada impide que los dominicanos pobres se beneficien del crecimiento económico de su propio país, ya que sus puestos de trabajo y salarios están bajo la presión de los inmigrantes pobres.

La segunda dice:

“Los bajos salarios (resultado de esta inmigración) reducen el incentivo a modernizar e invertir en tecnología ahorradora de mano de obra, lo que mantiene baja la productividad de los trabajadores dominicanos no calificados y sustenta niveles salariales bajos.”

Es decir, estamos ante un circulo vicioso de la pobreza, donde los bajos salarios desincentivan la modernización de la economía, lo que, a su vez, resulta en una economía de bajos salarios.

La prestigiosa revista británica The Economist hizo un reportaje el pasado mes de noviembre donde se afirma que “La República Dominicana ha tenido un crecimiento económico saludable en años recientes. Pero es uno de los pocos países Latino Americanos donde la distribución del ingreso se ha tornado mas desigual en la ultima década.” Es decir, The Economist concuerda plenamente con el planteamiento de Auffret, publicado por el Banco Mundial.

El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar una monografía de U. Adullaev y M. Estevao sobre el mercado laboral dominicano, un tema injustificadamente ausente en el debate económico dominicano, pues el crecimiento económico de un país solo produce bienestar para su población si en el mercado laboral se ofrecen mas y mejores empleos, y mejor remunerados.

El argumento de Adullaev y Estevao parte de la premisa de que la República Dominicana “ha sido una de las economías más dinámicas” de América Latina y que “creció en promedio casi un 4 por ciento por año desde el año 2000, casi el doble que el promedio de la región y cuatro veces más que el promedio de los países mas avanzados, que pertenecen a la OCDE.” Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor bienestar para la población, pues “en promedio, el ingreso real por hora tanto de los trabajadores por cuenta propia, como de los asalariados del sector privado es alrededor de 27 por ciento más bajo en el año 2011 que en el 2000.”

El estudio concluye afirmando que debido a la generalizada “baja productividad” de la economía dominicana, “muchos de los puestos de trabajo generados son de baja calidad,” y de bajos salarios. Los autores terminan recomendando que la economía dominicana genere suficientes trabajos “formales “de calidad.

En conclusión la prestigiosa revista The Economist y las monografías publicadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional perfilan el siguiente panorama de la economía dominicana, en los últimos 10 años:

- Una creciente desigualdad social.

- Una caída del salario real de los trabajadores del orden de un 27%.

- Una oferta de empleos de baja calidad y baja productividad.

-Todo este comportamiento esta condicionado por una mano de obra inmigrante empobrecida y de muy baja capacidad productiva.

Basado en estos hechos económicos incuestionables, deseamos hacer cinco reflexiones finales.

Una primera reflexión.

Aquellos sectores que se consideran progresistas y defienden por solidaridad esta desbordada inmigración, deberían tomar en cuenta el contexto económico-social que hemos analizado.

Siendo estas personas sensibles al bienestar de los demás, deberíamos estar de acuerdo en tres premisas:

I) Que no propongamos ninguna solución que implique

Empobrecer aún más a los dominicanos más vulnerables.

II) Que no propongamos ninguna solución que aumente la desigualdad social en le República Dominicana.

III) Que no propongamos ninguna solución que en el mediano plazo afecte la convivencia pacífica en nuestro país.

Resulta sumamente fácil esgrimir argumentos éticos y morales en un contexto aislado. Y realmente esa es la posición de la mayoría de las personas perfectamente respetables que nos critican.

Siendo así escuchamos,

“Tenemos que ser solidarios con el pueblo haitiano.” Esta expresión en si misma es correcta. Pero si el aplicar ese planeamiento implica perjudicar a otro grupo social, que resulta estar compuesto de dominicanos vulnerables en su propio país, ese punto de vista esta lleno de contradicciones y fallas morales.

¿Pues… con que derecho….con que argumentos éticos, se pretende beneficiar a un grupo, cuando esto implica perjudicar a otro?

Esto mismo ocurre cuando se argumenta a favor de dar la nacionalidad de los hijos de ilegales. Contestamos, ¿en cual contexto ? ¿En el contexto de una frontera tan porosa? Con esta medida vamos acelerar el flujo de inmigrantes ilegales, que además de competir por los puestos de trabajo de los mas pobres, obtendrían el beneficio de la nacionalidad.

Es por estos que quienes nos critican toman la vía fácil de no analizar las consecuencias sociales de sus ideas.

Una segunda reflexión.

El problema que confrontamos es, además y ante todos para los extranjeros, un asunto de recursos económicos. Sorprendentemente, esta perspectiva esta ausente del debate dominicano.

Es cierto, que el Estado Dominicano repite en foros internacionales que el problema haitiano es un problema de la comunidad internacional, pero ese mismo Estado a mirado hacia al otro lado, cuando acto seguido nos hemos convertido en el mayor donante de Haití, al acoger a cientos de miles a de inmigrantes.

No nos equivoquemos. Este es un problema de recursos. La pregunta es muy simple: ¿Quien paga?

¿Debe pagar un país pobre como la República Dominicana, que lo pagará con el estomago de los mas pobres?

¿O, deben pagar las naciones Occidentales que impusieron un comercio de esclavos durante siglos y una economía esclavista en Haití?

Este país no puede cargar con ese problema.

Si las naciones ricas ayudaran a Haití a salir de su milenaria pobreza, que lo pueden hacer sin esfuerzo, en la República Dominicana no habrían inmigrantes ilegales. Es tan simple como eso.

Una tercera reflexión.

Debemos dar un segundo paso fundamental, que es controlar la frontera una vez por toda, si es necesario con un muro en buena parte de la misma. De los contrario, este asunto no será resuelto en un debate entre nosotros, si no en los barrios.

Nos parece absurda la postura de aquellos que financiaron ONG para que fueran a los barrios a predicarle tolerancia a los dominicanos, mientras estos sentían el deterioro de convivir en

un mar de pobreza que se agrandaba, con nuevos pobres todos los días.

Estamos aquí porque deseamos salvar la convivencia y la buena voluntad de los dominicanos hacia los demás.

Pero salvar la convivencia debemos detener un peligroso proceso de “balcanización” de nuestro país.

Pues el país se esta balcanizando.

La encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), con el apoyo de las Oficina de las Naciones Unidas para la Población nos resulta alarmante: En las provincias de la zona fronteriza, la población inmigrante oscila en promedio entre un 20% hasta un 29,9 %. En Valverde y algunas provincias de la zona Este la población inmigrante llega a 17,2 % de la población. Esto significa que hay localidades en todo nuestro territorio donde los inmigrantes son mayoría y los dominicanos enfrentan problemas de convivencia en su propio país. Es decir, enfrentamos una “balcanización” del territorio nacional, que se entrelaza con el empobrecimiento de las capas mas pobres de nuestra sociedad, lo que apunta a una agravamiento de las tensiones sociales en nuestra sociedad.

Una cuarta reflexión.

Señores empresarios : el sancocho mas sabroso es el que nos comemos en nuestro país. El sancocho no pega ni en Paris, ni en Londres.

Contratemos a los dominicanos por algo mas, que es una inversión en la paz social y la mejor garantía de nuestras inversiones.

Parece mentira que las coordinadoras de los barrios han sido mas inteligentes que todos nosotros juntos. En Santiago, los grupos barriales están organizando bolsas de empleos para facilitarle trabajadores dominicanos a los constructores. Lo mismo debería hacerse en Santo Domingo, Bávaro y otros puntos del país.

Hay otros empresarios que han expresado su interés por el mercado de exportación de Haití.

Nos parece muy bien, pero recuerden que sus primeros clientes son los dominicanos.

De lo que se trata es de poner orden a nuestras relaciones con Haití, que siempre serán estratégicamente importantes. Los Estados Unidos están construyendo un muro fronterizo que no ha impedido un comercio bilateral con México de mas de 450,000,000,000.00 de dólares. Los dominicanos debemos aprender de los norte-americanos, que si saben poner las cosas en su lugar.

Un ultima reflexión.

Yo acabo de llegar junto con mi esposa de un viaje auspiciado por la Universidad de Yale para sus ex alumnos. Nos acompañaron mi compañero de habitación, cuando apenas teníamos 17 años, y su esposa. Nuestra amistad se ha mantenido firme durante todos estos años. El es hijo de un mayor general de los Marines, es decir, un general dos estrellas.

Juntos decidimos visitar los campos de extermino de Auschwitz y Birkenau, dos símbolos de la crueldad que es capaz el odio racial.

Nada de odio hacia nadie….

El odio solamente destruye.

Nuestra tarea es construir un mejor país y en esa construcción no cabe el odio.

Por complicada que parezca nuestra situación actual, debemos actuar con tolerancia y sobre todo, con respeto a los demás.

MUCHAS GRACIAS.

Felipe Auffant

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 168/13, EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO

INTRODUCCION

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana con su sentencia fallada el 25 de septiembre próximo pasado ha dicho el derecho en lo que respecta los modos de adquisición de la nacionalidad dominicana poniendo así un término a toda eventual controversia sobre la interpretación que el Constituyente entendía dar a la noción de transitoriedad, siendo esta condición jurídica un obstáculo para la aplicación de jus soli puramente y simplemente.

Esta sentencia histórica zanja de manera jurídica el grave problema de la inmigración ilegal al que desde hace décadas se enfrenta la República Dominicana.

No obstante, y a pesar de que esta sentencia confirma los conceptos y la solución jurisprudencial avanzada por la Suprema Corte de Justicia actuando en materia constitucional en la sentencia No. 9 del 14 de diciembre 2005, nunca antes una decisión de justicia había levantado tantas pasiones a favor y en contra.

Todos los grandes tratadistas concuerdan en decir que la Constitución es lo que los jueces constitucionales dicen que es. El artículo 1 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y procedimientos constitucionales, ley 137-11, establece que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Este mismo artículo establece que es por demás un órgano extra poderes.

Al considerar la Constitución una expresión de la soberanía, la decisión de los jueces constitucionales que interpreta un aspecto fundamental de este pacto societario que es la Carta Magna, es igualmente una expresión de la soberanía. La soberanía no se discute ni se negocia.

No obstante, el artículo 26 de la Constitución del 2010 “Relaciones Internacionales y derecho internacional” predica: La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia:

26.1 Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado;

26.2 Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno, una vez publicados de manera oficial;

De tal manera que para poder manejar los alcances de la sentencia debemos considerarla en el marco del Derecho Internacional Público.

I. EL VÍNCULO DE LA NACIONALIDAD Y SU SIGNIFICADO EN EL DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL

El vinculo de la nacionalidad es instrumento y consecuencia del ejerció de las competencias de los Estados sobre el elemento “población”. En Derecho Internacional Público el Estado está compuesto de tres elementos: el territorio, la población y un gobierno que la Jurisprudencia y la Doctrina establecen que debe ser efectivo. Mediante la configuración de la relación jurídico-política que es la “nacionalidad”, el Estado determina qué personas, de entre las que están sometidas a su jurisdicción, habiten o no dentro de sus fronteras, tienen la condición de ciudadanos propios y gozan, por tanto, del estatuto jurídico correspondiente. Ellas constituyen el grupo que numérica y políticamente es más importante del agregado humano sobre el que el Estado ejerce sus competencias personales. El ámbito ordinario de las competencias estatales está representado por los ciudadanos o nacionales del Estado, los extranjeros y apátridas que tienen o no su domicilio o residencia habitual se encuentran en territorio sometido a la jurisdicción del Estado

Veamos entonces que quiere decir jurisdicción y que quiere decir soberanía...

a. La soberanía

El Estado no es la única colectividad humana que puede pretender el disponer de una población, un territorio y un poder político efectivo. A su lado, y a veces en su seno mismo, existen otras colectividades autónomas que pueden reivindicar las mismas características. Sin embargo, el único que puede pretender a una efectividad completa tanto en el ámbito internacional que en el orden interno es el Estado soberano.

1. El principio de la soberanía del Estado es tan antiguo como la noción misma de Estado y en sus inicios tenía por objetivo el consolidar la existencia de los Estados contra la doble tutela del Papa y del Santo Imperio en la Europa Occidental. Hasta el siglo XVIII y con la aprobación de los dos grandes filósofos de la época Vattel y Jean Bodin, los monarcas encontraron en esta noción el fundamento de su absolutismo.

2. Es por esto que la soberanía se definía generalmente como un poder supremo e ilimitado lo que provoco la reacción de la Escuela sociológica que propuso su erradicación de la teoría del derecho. No obstante, podemos decir que el principio de la soberanía está fuertemente anclado en el derecho positivo.

3. Este principio es la base de las relaciones entre las Naciones Unidas cuya Carta constitutiva predica en su artículo 2, párrafo 1, “La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de los Estados.”

De tal modo que la soberanía no solamente es parte del derecho positivo sino que aparece como el criterio mismo del Estado.

4. A través del concepto de igualdad soberana, es la independencia misma del Estado que se afirma.

La jurisprudencia internacional asimila sistemáticamente soberanía e independencia. Es así que el árbitro Max Huber declara en el caso Islas Palmas: “La soberanía en las relaciones entre los Estados significa independencia.” (CPA, 4 de abril 1928, RSA, II, p. 838).

b. Jurisdicción se puede definir como un “poder jurídico conferido o reconocido por el derecho internacional a un Estado (…) de conocer de un asunto, de tomar una decisión o de zanjar una controversia. (Diccionario de la terminología del derecho internacional, Sirey, 1960, p. 132). Toda jurisdicción o competencia se analiza ratione loci porque toda competencia es espacial, y se aplica a todas las actividades que tienen un siento territorial.

La adopción de este criterio espacial para la determinación de las competencias estatales conduce necesariamente a distinguir las competencias que el Estado ejerce sobre su territorio de aquellas que ejerce fuera de su territorio.

En su territorio el Estado se comporta soberanamente y el conjunto de sus competencias se conoce como “soberanía territorial” o “competencia territorial mayor”.

Fuera de su territorio las competencias que el derecho internacional le reconoce al Estado se fundamentan en diversos títulos como el protectorado, la servidumbre internacional y la ocupación militar.

El Estado ejerce competencias en su territorio sobre todos los individuos, nacionales y extranjeros, con algunas limitaciones, en este último caso, derivadas del régimen de extranjería y de la protección diplomática. El ejercicio de competencia sobre los extranjeros revela que la competencia territorial prevalece sobre la personal, pero esta cuenta con un ámbito de acción propio.

En efecto, las competencias que el Estado ejerce sobre sus nacionales trascienden las fronteras del Estado para manifestarse fuera, bien en el territorio de otro Estado, bien en espacios internacionales (alta mar) o tratados como tales (Antártida). Y todo ello porque la nacionalidad, como la definió la Corte Internacional de Justicia en el asunto Nottebohm (1955) vincula el individuo a la población del Estado que la confiere de forma más estrecha que a la de cualquier otro Estado.

La determinación de la nacionalidad se configura desde el punto de vista del Estado, como un contenido de la soberanía.

“De una manera general—nos dice la Corte Permanente de Justicia Internacional—corresponde a todo Estado soberano determinar que personas deben ser consideradas como sus nacionales.” (CPJI, Recueil des Arrêts, avis consultatifs et ordonnances, Série B, No. 7, p. 16)

Y según la expresión de la Corte Internacional de Justicia:

“Corresponde a todo Estado soberano regular por su propia legislación…su nacionalidad” (CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1955, p. 20-21)

Para las personas físicas o morales súbditas, la nacionalidad supone el titulo fundamental para el disfrute de ciertos derechos y capacidades de carácter público (para el ejercicio de cargos públicos, el derecho de elegir y ser elegido, etc.). Pero la nacionalidad también tiene una dimensión política que desborda hacia las relaciones configuradas como de Derecho Privado.

Tenemos entonces que las normas de nacionalidad determinan el elemento personal o elemento poblacional de cualquier Estado, no podemos negar su importancia para el Derecho en general, y de ahí parte que la mayoría de los ordenamientos jurídicos procuren regular con detalle la materia presididos por las siguientes ideas:

--Importancia de la nacionalidad estatal por lo que los controles para su eventual adquisición pretenden limitar el número de nacionales.

--Generosidad de procedimientos de recuperación y mantenimiento de la nacionalidad de origen y de supuestos de doble nacionalidad.

Para algunos autores lo que subyace en esta tensión entre la reducción y la ampliación de los nacionales de un Estado determinado es el rechazo de las situaciones de apatridia, en las que se encontrarían todas aquellas personas que no tienen nacionalidad alguna.

Este rechazo internacional ha sido fruto de los excesos de ciertos regímenes políticos durante la primera mitad del siglo XX (soviéticos, nazis, otomanos), y la desaparición de varios grandes imperios (Austro-Húngaro, Otomano, Germano-prusiano, ruso, etc.). De este se hizo eco la normativa de la naciente disciplina de los Derechos humanos al establecer el 10 de diciembre 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 15 predica: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.”

El Instituto de Derecho Internacional adopto en 1895 ciertos principios jurídicos en materia de nacionalidad entre los cuales los que han permanecido en el tiempo son:

--Nadie debe carecer de nacionalidad

--Cada uno debe tener el derecho de cambiar de nacionalidad

--La renuncia pura y simple a una nacionalidad no basta para perderla

II. LA NACIONALIDAD Y LAS NORMAS QUE LA REGULAN EN EL DERECHO INTERNACIONAL ACTUAL

1. En la regulación de la nacionalidad concurren competencias de los Estados y exigencias de la protección internacional de los derechos humanos

En la perspectiva clásica, la nacionalidad se concibe como un derecho que el Estado reconoce u otorga a sus súbditos, y en la concepción contractualista como la “perpetua alianza” entre el Estado y sus ciudadanos.

Con el auge de la normativa de los derechos humanos se quiere imponer un concepto de la nacionalidad que junto al de ser competencia del Estado reviste el carácter de un derecho de la persona humana. No obstante, los propios trabajos preparatorios para la redacción del artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos demuestran que los Estados no aceptaron la tesis de quienes quisieron configurar el derecho a la nacionalidad como un verdadero derecho subjetivo de toda persona. Esto así porque se buscaba una garantía normativa contra la apatridia. El texto definitivo no impone cargas a los Estados en materia de regulación de la nacionalidad y deja para textos posteriores especiales problemas como el de la apatridia.

A juicio del Profesor Corriente Córdoba de la Universidad de Navarra, la declaración del derecho a tener una nacionalidad significa, en el fondo, la forma de tratar de garantizar al individuo un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, el que por su vinculación a un Estado posibilita el funcionamiento de la protección diplomática.

Complementan este texto la Convención relativa al Estatuto de los apátridas, del 28 de septiembre de 1954, que entro en vigencia el 6 de junio de 1960, y la Convención para la reducción de los casos de apatridia de 1961, que a julio de 1972 había obtenido 3 ratificaciones.

Junto a las normas internas o estatales que regulan en cada ordenamiento la nacionalidad, en el Derecho Internacional el ejercicio de las competencias estatales en materia de nacionalidad, regulación que tiene un carácter indirecto, de establecimiento de unos límites, viene determinado por normas del Derecho Internacional particular y normas de Derecho Internacional general.

2. la interacción del derecho internacional general y particular con el derecho interno de la nacionalidad, los limites a la discrecionalidad

En lo que respecta el Derecho Internacional general se trata de normas consuetudinarias que son de difícil precisión. La comunidad doctrinal internacionalista no ha alcanzado una posición unánime en lo que respecta la aplicación de la teoría del abuso de derecho en esta materia. Los limites que impondría el Derecho de Gentes no se refieren a los detalles de la regulación jurídica sino que se limitan a exigencias vinculadas orgánicamente a los principios fundamentales del orden jurídico internacional como por ejemplo el que el Estado pueda otorgar su nacionalidad a personas sin ninguna manifestación de voluntad de su parte.

En el caso Nottebohm se rechazó la argumentación del abuso de derecho al amparo del gran principio de derecho romano: quis suo iure utitur neminem laedit. El Estado que usa de su derecho sin ocasionar daño alguno a otro no comete abuso alguno, no se sale de la esfera de competencias que le reconoce el Derecho Internacional. Sin daño no hay interés, y sin interés no hay acción.

En el caso del derecho particular se trata ordinariamente de normas convencionales mediante las cuales los Estados contratantes regulan diversas situaciones conflictivas a que da lugar la nacionalidad (doble nacionalidad, servicio militar, cuestiones suscitadas por alteraciones territoriales, derecho de opción, unificación de reglas internas, etc.) Con frecuencia son tratados bilaterales pero algunos convenios como la Convención de Rio de Janeiro del 13 de agosto 1906 sobre el estatuto de los ciudadanos naturalizados que restablecen su residencia en el país de origen, alcanza a muchos Estados.

Es esta reserva que hace la Corte Permanente de Justicia Internacional en su opinión consultiva de 7 de febrero 1923 sobre la nacionalidad.

La cuestión de la cual fue apoderada la Corte es la de determinar si la controversia entre Francia y el Reino Unido sobre los decretos de nacionalidad aplicables a los súbditos británicos en Túnez y Marruecos se refiere a una cuestión que el derecho internacional reconoce como competencia exclusiva del Estado, en este caso Francia.

Para la Corte el tema de la nacionalidad es en principio del dominio reservado de los Estados salvo los casos en que la apreciación de la validez de las medidas de que se trate este subordinada a la interpretación de diversos títulos que constatan compromisos internacionales con otro Estado porque entonces es el Derecho internacional el que prevalece.

Esta solución que se mantiene en el Derecho internacional es particularmente interesante en el caso de nuestra sentencia 168/13.