LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 168/13, DESDE EL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Miércoles, 23 de Octubre de 2013 20:16 Escrito por  Dr. José Miguel Vásquez García Comentalo!!
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 168/13, DESDE EL ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

Empezaremos nuestra ponencia haciéndonos la pregunta porque esta sentencia del Tribunal Constitucional de la Rep. Dom. Ha causado tanto revuelo. Acaso tienen razón los detractores del Tribunal Constitucional, al decir que la sentencia envuelve aspectos discriminatorios contra los haitianos, o tal vez viola la propia constitución en cuanto a la irretroactividad de la ley, o será cierto que desnacionaliza a ciudadanos que le corresponde la nacionalidad dominicana de pleno derecho, o tal vez es porque fundamenta la nacionalidad sobre falsas premisas de violación a otras leyes como lo son las de Registro Civil, cedulación y migración?

Vamos a desmontar todos y cada uno de estos juicios infundados y maliciosos, y vamos a demostrar que lo malo de esta sentencia es que lacera intereses que históricamente han sido o protegidos o ignorados por las diferentes autoridades de Estado dominicano por décadas, sin que nadie se atreva a enfrentar los protagonistas del manejo del tráfico de armas por la frontera, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de mercancías, tráfico de vehículos robados, tráfico de obreros en beneficio de la industria de la construcción, de la agricultura, tráfico de parturientas en nuestro centro de salud y hasta tráfico de pedigüeños que se apostan en las principales esquinas de nuestras ciudades.

Como es posible que tengamos un país con una de las constituciones más garantista del mundo y no tengamos la capacidad de aplicarla y aplicar sus leyes adjetivas, como son las del Registro Civil y la de Migración? Como es posible que estemos adaptados a vivir en un país con una cultura de caos y el desorden? Y nos resulte tan difícil aceptar una disposición que viene a imponer orden y respeto a la institucionalidad del Estado.

Para nadie es un secreto que por asuntos de clientelismo se expedían documentos de identidad dominicana, violando la ley 6125 y la 8-92 sobre cedulación, al expedirle cedulas dominicanas a ciudadanos extranjeros, sin actas de nacimiento y en muchos casos de ciudadanos dominicanos ya fallecidos.

Es cierto que existe un peaje de indocumentados que tienen que pagar los medios de transporte en cada puesto de chequeo desde la frontera hasta la capital, Santiago o la Altagracia.

La verdad que viene a revelar esta sentencia es que existía un mercado de expediciones de actas y cédulas por tarifas entre tres mil a cinco mil pesos. Que en este momento existe un mercado dirigido hombres dominicanos,  con tarifa de cinco mil pesos, para que hagan los reconocimientos ante el Oficial del Estado Civil, a los hijos de haitianas nacidos en el país, y luego inscribirlo en el Registro Civil como nacionales dominicanos.

Estas son de las verdades que como efecto colateral, esta sentencia viene a revelar. Porque es cierto que el registro civil ha estado permeado por la mala práctica de ser permisible, inseguro, filtrado por intereses mezquinos, mercantilistas o ilegales, es cierto que con la frontera ha pasado lo mismo. Pero es hora de que los intereses nacionales interfieran y confronten estas realidades para el país enderece su trayecto de insalubridad jurídica, y establezca una línea divisora entre la podredumbre institucional y el respeto a las normas morales y legales vigentes.

Respondiendo la sentencia 168-2013 desde el enfoque técnico, sobre la imputación de irretroactividad que se le imputa, queremos indicar que nuestra constitución, a la que este Tribunal está llamado a interpretar y aplicar, en su artículo 110, hace referencia a la irretroactividad de la ley. Citamos, “La Ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Resulta que no estamos hablando de una sanción conforme a una legislación anterior, como intencionadamente se ha dicho, lo que el Tribunal Constitucional explica es que el derecho reclamado sobre la nacionalidad dominicana viene dado de textos constitucionales con criterios y principios legales constantes, como lo es la Constitución del 1929, la cual indicaba en su art. 8, “ Son Dominicanos: 1° Las personas que al presente gozaren de esta calidad en virtud de Constituciones y leyes anteriores. 2° Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legitimos de los extranjeros residente en la República en representación diplomática o que estén de tránsito en ella”. O sea, no son dominicanos, según esta Constitución, hijos de diplomáticos, ni personas en tránsito.

De igual modo la sentencia hace referencia a la Constitución del 1966 por que ese era el texto vigente a la fecha de nacimiento de la accionante, el cual indicaba en su artículo 11 exactamente lo mismo que la del 1929.

Señores, los dos textos que la sentencia hace referencia contienen de forma inequívoca, el, mismo espíritu de constituyente de hoy, lo que evidencia la burda y descarada manipulación no accidental, que hasta cierto punto ha logrado confundir a gran parte de la comunidad nacional e internacional.

Veamos ahora la parte comparable con el texto vigente, ha sido satanizado como anti extranjero, xenófobo o anti haitiano, citamos el artículo 18: “Son dominicanas y dominicanos: 1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; 2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano”. Como podreis haber notado, todas las constituciones, por lo menos, en este tema, sostienen una constante inalterable.

Vista la inexistencia de retroactividad, en razón de que el 1929 es un referente que hace la sentencia para ordenar al Registro Civil elaborar un listado para que pueda dar una respuesta masiva a todos los que se encuentren en situaciones similares, como un modo de buscar una solución a todos los que padezcan de esta dificultad y que el 1966 es la Constitución en la cual se produce el nacimiento de la amparista, haciendo la mención, a los fines de aclarar que para la fecha existía el mismo principio sobre el derecho a la nacionalidad que existe al momento.

Desde el de vista técnico, no adolece del vicio de retroactividad, lo que ocurre con las menciones a los años 1929 y 1966, es un resultado de situaciones fáticas, en que el Tribunal trata de establecer la realidad de los hechos en función de situaciones jurídicas reales. El 1929 es una fecha referente a una constante histórica sobre el espíritu constitucional de la nacionalidad.

Otros de los dilemas con lo que se quiere satanizar la sentencia, es con la interpretación de la palabra TRANSITO. Para una fina aplicación de este concepto jurídico, tenemos que remontarnos al reglamento 279 de la ley 95 de migración en su V Sección plantea la figura de Transeúnte: definiéndolo como los extranjeros que traten de entrar en la Republica con el propósito Principal de proseguir a través del país con destino al exterior.

La ley 95 en su artículo 3, contenía la categoría de no inmigrante, que para los fines de las constituciones del 1929 y siguientes, no calificaban para el derecho a la nacionalidad, por el hecho de que no eran residentes en el país.

También la ley 285-04 divide las categorías migratorias, pero esta vez en residentes y no residentes, según su artículo 29, pero es el articulo 36 el que define la categoría de no residentes, y en su numeral 10 Considera a los No Residentes como personas en Tránsito, para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la Republica para los fines de la vigente el artículo 18. De donde podemos precisar que la palabra transito es una sub clasificación de la categoría migratoria de no residente y el no residente no reúne las condiciones para ser considerado residente, y como vía de consecuencia un hijo suyo nacido en el territorio dominicano no le corresponde por derecho propio la nacionalidad.

Decir que el transito es una figura de la constitución del 2010 es una falsedad, tránsito figura como una excepción a la regla sobre la nacionalidad por el principio del ius solis en todas las Constituciones dominicanas desde 1929, en el artículo 8.2 de las reformas constitucionales de 1934, 1942, y 1947; en el artículo 12.2 de las Constituciones de 1955, 1959, 1960, 1961, 1962; en el artículo 89.2 de la Constitución de 1963; en el artículo 11.1 de las Constituciones de 1966, 1994 y 2002; y ahora en el artículo 18 numeral 3 de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010.

No nos dejemos engañar, la verdadera génesis del problema deviene de la polémica Resolución núm. 12-2007, la que a propósito, fue aprobada por unanimidad por el pleno de esa institución, y que versa sobre el Procedimiento para la suspensión provisional de expedición de Actas del Estado Civil viciadas o instrumentadas de manera irregular, las cuales solo son expedibles para gestiones ante los tribunales, para que estos, bajo el marco de su jurisdiccionalidad, procedan de acuerdo a la ley.

El artículo 31 de la ley del Registro Civil indica que las actas se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de ellas, siempre que sus originales hayan sido redactados en los plazos legales. La mayoría de estas actas cuestionadas son tardías, lo que significa que pueden ser atacadas con cualquier medio de prueba.

Con la aplicación del artículo 36 de ley 659, fundado en el principio de que el fraude lo corrompe todo, la oficialía se ve imposibilitada de la expedición de actas irregulares, citamos “Toda alteración y falsificación en la Actas del Estado Civil, así como el asiento que ella se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dará lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las penas establecidas en el Código Penal.

Si no vamos al Código Penal en sus artículos 145, 146, 147 y 148 todo lo relativo a la falsedad en escritura pública, establecen las sanciones al funcionario público y el modo en que un oficial se incrimina al expedir estas actas, o el modo en que el usuario se incrimina al hacer uso de ellas. Cuando existan evidencias o sospechas de falsedad, el Tribunal Constitucional, si nos detenemos a leer por lo menos su dispositivo, lo que está diciendo es que sea enviado al Tribunal competente.

Con lo antes razonado, hemos podido probar, que la referida pieza histórica del Tribunal Constitucional, deja establecido el principio del adecentamiento del Estado, en la búsqueda de una solución definitiva, a la cual se rehuido, como el diablo a la cruz, sobre la situación jurídica de los hijos de los extranjeros nacidos en el país, o sobre la condición de los extranjeros que viven o nacen en suelo dominicano.

Es de trascendental importancia esta decisión, porque obliga a las autoridades, a buscar una solución a todos los extranjeros que se encuentran en el país de forma irregular, pero sobre todo, abre el espacio para que por primera vez, se piense en la solución al problema de cientos o miles de extranjeros que viven sin una definición de sus status migratorio y otros que tienen dificultades sobre la condición de una identidad nacional vinculante con la nacionalidad con que se identifican, invocando una relativa posesión de estado, a lo cual el Estado dominicano debe responder lo antes posible.

La sentencia 0168-2013 define la nacionalidad como un lazo jurídico y político que une a una persona con un Estado; de manera más técnica y precisa, no es solo un vínculo jurídico, sino también sociológico y político, cuyas condiciones son definidas y establecidas por el propio Estado. Pero lo cierto es que todo país tiene el derecho de establecer sus propias normativas sobre la nacionalidad, así lo hacen los Estados Unidos, al sustentar el jus solis, sobre el derecho a la nacionalidad, americana todos los nacidos en su territorio, un hijo de un dominicano nacido en España le corresponde la nacionalidad dominicana, así como un hijo de dominicano nacido en Haití, le corresponde la dominicana.

Si bien es cierto que como país, no estamos obligados ni en condición de cargar con las debilidades, con la pobreza, con la indocumentación, con la falta de regulación de los nacionales del país vecino, no es menos cierto, acogiendo al mandato del Tribunal Constitucional, que en estos momentos debemos considerar buscar una solución legal a un problema social, que mantiene en un letargo civil a miles de personas nacidos en nuestro suelo, situación que deviene de las propias debilidades, producto de la irresponsabilidad, de la corrupción y la complicidad de todos los gobiernos que ha tenido la República hasta nuestros días, que han sido incapaces de imponer el orden y hacer respetar las leyes.

Dr. José Miguel Vásquez García

Muchas Gracias.

 

Ultima modificacion el Lunes, 28 de Octubre de 2013 20:03

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